En Plan de Vuelo

Por Fabiola Lara García

 

Según el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. en correlación con el informe emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las autoridades más señaladas como presuntamente responsables de trastocar derechos humanos en México son: en primer término, el Instituto Mexicano del Seguro Social; seguido del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y en los siguientes ignominiosos escaños, por su orden, se encuentran la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Migración, la Policía Federal, Procuraduría General de la República, Secretaría de la Defensa Nacional,  Secretaría de Desarrollo Social y por último la Secretaría de la Marina.

 

Resalto con asombro, que las autoridades atinentes al rubro de la seguridad (Policía, Sedena, PGR) no ocupan los primeros lugares en violaciones a derechos humanos, lo anterior se destaca, ya que la mayoría de las sentencias pronunciadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las que México ha sido condenado por ésta, han sido motivadas por actos perpetrados por la Policía y el Ejército.

 

Sólo por mencionar algunos casos: el caso Radilla Pacheco, caso Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, caso Cabrera García y Montiel Flores y el que se encuentra actualmente en proceso, caso Selvas Gómez y otras.

 

El asombro se pulveriza ya que, a pesar de las múltiples condenas que México ha recibido por los casos señalados en el párrafo inmediato anterior, estas autoridades siguen apareciendo en las listas que enumeran a las autoridades con mayores quejas por atropellos a los derechos humanos, si bien, ya no ocupan los primeros escaños, como hace dos años, pero su nombre aún se sigue pronunciando, aunque en menor medida.

 

No huelga lo anterior, a mi llano juicio, efectivamente representa un avance significativo y un esfuerzo del Estado mexicano por corregir aquellas practicas transgresoras a los derechos humanos ejecutadas por sus autoridades.

 

Por citar algunos ejemplos,  contamos con una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tanto en el ámbito federal como local, misma que atiende no solo aquellas personas que sean víctimas u ofendidos de algún delito sino que también brinda asesoría y orientación técnica tratándose de personas que hayan sufrido alguna vejación a sus derechos humanos.

 

Ello por lo tocante al ámbito del poder ejecutivo. Por lo que respecta al poder judicial, se cuenta con el criterio de inaplicación de normas cuando ellas contravengan a los derechos humanos, así como interpretación más favorable para la protección a los derechos humanos, entre otros.

 

Lo relatado es muestra de las acciones que México ha emprendido para evitar perturbaciones en el goce y ejercicio de los derechos humanos.

 

Tratándose de las dos primeras autoridades que se llevan el primer y segundo lugar en violaciones a derechos humanos, pertenecientes al sector de la salud, considero que como será en el grueso de los casos, una sola autoriad no puede evitar vulnerar derechos sin la colaboración de otras autoridades, ello ya que le es menester legislaciones, reformas, adecuaciones a las leyes que  que les permita dejar de trasgredir derechos, verbigracia, el que padecen aquellas mujeres que se les coarta abyectamente su derecho para afiliar a su cónyuge, concubino o concubina, a su servicio médico del que disfrutan, caso que no sucede con el varón ya que este no batalla un ápice para afiliar a su esposa o concubina.

 

Cabe señalar que la Suprema Corte de Justica de la Nación ha hecho lo propio y, en reiteradas ocasiones, ha señalado la ilegalidad de esa medida, pero, el poder legislativo estará más atareado con otras cuestiones, que ha hecho caso omiso de esa vulneración a derechos humanos.

 

Por ello, humildemente le sugeriría al IMSS (y a las entidades de salud con el mismo criterio) compartir su lustroso primer lugar con el poder legislativo, ya que los primeros le arrojan la culpa a los segundos y viceversa, los motivos (pretextos) fluyen caudalosos cual Río Usumacinta en época de lluvias, con el argumento de que la ley ya establece mayores requisitos para afiliar al esposo o concubino y amerita una reforma, que porque no existen recursos para solventar que también se afilien los varones esposo o concubino del beneficiario principal del servicio, similares y conexos que desembocan en ultrajes a los derechos humanos.

 

¿Acaso faltarán unas cuantas sentencias de la Corte Interamericana para que alguien ponga manos a la obra en este rubro?

 

ESCALAS

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