El consumo de redes sociales en México es importante: de los 126 millones de habitantes del país, se considera que hay 89 millones de usuarios activos de las redes sociales, lo que representa casi el 70% de la población. El fragmento que corre de los 18 a los 34 años representa el 58% del universo de internautas, quienes, además, son el grupo poblacional que menos definición tiene frente a los partidos políticos, lo que representa un mercado electoral muy atractivo para todas las fuerzas políticas, puesto que son los indecisos quienes deciden los triunfos electorales.
Así, de acuerdo con el estudio presentado por We Are Social y Hootsuite, en el país hay 84 millones de usuarios de Facebook, 24 millones en Instagram, 19 millones en Tik Tok, 14 millones en Snapchat, 13 millones en LinkedIn y sólo 9 millones en Twitter.
Las autoridades electorales están por enfrentar un reto enorme, ya que la mayor parte de la normativa electoral actual no contempla a la comunicación digital de una manera más que de manera muy somera y no profundiza en la problemática de las campañas negras y las noticas falseadas.
El hecho de que, debido al confinamiento los partidos políticos tomen a las redes sociales como punto de partida de campañas electorales, hace que los usuarios (e incluso las autoridades) quedemos al margen de todos los esfuerzos de comunicación que harán los actores políticos.
Por ello, es necesario que se inicien las discusiones entre autoridades, academia, sociedad civil y plataformas con el fin de crear marcos regulatorios que ayuden a proteger a los procesos electorales, a los votantes, a lo actores políticos y a la democracia en general. Por ello, extiendo las siguientes consideraciones para redes sociales y comunicación política en tiempos electorales.
Creación de acuerdos de colaboración. Durante las elecciones de 2018, el INE y Facebook firmaron un acuerdo marco para colaborar e incentivar la participación ciudadana durante el proceso electoral de aquel entonces. No obstante, las buenas intenciones, se trataba sólo de un acuerdo de colaboración que más bien fue protocolario, en el que institución y plataforma se comprometían a combatir los principales vicios digitales que afectaban a las elecciones, aunque no decían cómo lo harían, ni tampoco si se crearían comités de colaboración, si de dicho acuerdo se generarían normativas o buenas prácticas. Por tanto, con el fin de cuidar el proceso electoral inminente, sería importante establecer acuerdos con objetivos e indicadores claros.
Fiscalización digital eficiente. Existe una confusión muy grande en la forma de fiscalizar impactos en medios tradicionales y en plataformas digitales, ya que ambos sistemas tienen una lógica totalmente diferente. Mientras que en los primeros se compran impactos, en los otros se invierte en alcance de audiencias, por lo que un mismo presupuesto puede generar más o menos impactos dependiendo de la habilidad del técnico al momento de subastar.
Normativa electoral extendida a plataformas digitales. Las noticias falseadas, las campañas de desprestigio, los influencers pagados, la veda electoral, la creación de tendencias informativas de forma artificial, los filtros burbuja entre ortos, son fenómenos que escapan no sólo a la legislación electoral, sino incluso a la percepción y descripción como prácticas cotidianas en las redes sociales durante procesos electorales. Por ello, es necesario el entendimiento técnico y, al mismo tiempo, la discusión entre autoridades, expertos y plataformas con el fin de establecer marcos normativos mínimos que permiten el ejercicio de acceso al poder de una forma equitativa.
Creación de observatorios digitales ciudadanos. Twitter es una de las redes sociales a las que más fácilmente se logra el acceso a sus datos y en la que se desarrollan la mayor cantidad de estudios sobre opinión pública digital, sin embargo, está lejos de ser la red social en la que más mexicanos participan. Por ello, es vital que la sociedad civil pueda tener acceso a los datos de las redes sociales y generar observatorios ciudadanos que permitan el estudio de la comunicación política durante procesos electorales de una manera mucho más profunda.
Transparencia en plataformas digitales. Actualmente existen informes de transparencia en Twitter y Facebook; además, en esta última, existe también una biblioteca de anuncios que permite saber qué personas invirtieron en publicidad digital, en qué candidato y qué montos. Sin embargo, se necesita conocer mucha más información, por ejemplo, de cómo se invierte para crear tendencias artificiales o filtros burbuja, o bien cómo se utilizan las cámaras de eco que suelen crean percepciones (positivas o negativas, según sea el caso) de las autoridades o de los actores políticos.
Meta regulación de los contenidos digitales. Ni el Estado, ni las empresas privadas deberían decidir lo que se puede o no decir dentro de las redes sociales, puesto que podrían establecer parámetros que censuren los contenidos o bien, permitir sólo aquellos que convengan a intereses económicos o políticos. La sociedad civil debe entrar en la discusión y plantear un piso mínimo que permita a las plataformas crear reglas comunitarias que respeten los derechos de acceso a la información y de libertad de expresión.
Publicado en Forbes.