Difícil recordar una visita de trabajo a Washington donde un presidente mexicano haya llegado en las condiciones de debilidad y vulnerabilidad como las que carga Enrique Peña Nieto.
El Peña Nieto que iba a ver a Obama hace unos meses pasó a la historia. El aclamado presidente mexicano por sacar adelante reformas estancadas por una generación, es hoy un líder cuestionado, rehén de miles de mexicanos que lo tienen acosado y acorralado, le arrebataron la iniciativa y piden su renuncia por incompetencia y corrupción. No hay posibilidad que eso suceda, pero Peña Nieto ha perdido el consenso para gobernar. El punto de inflexión son los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, convertidos en el ícono de la ausencia de un Estado de derecho, y de la corrupción y colusión con el crimen organizado en los tres niveles de gobierno. En Washington han tomado nota de ello.
El embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, por ejemplo, preguntó a varios miembros del gabinete de Peña Nieto lo que estaba sucediendo en Guerrero, pero la información que le proporcionaron fue pobre. De acuerdo con personas que saben el tipo de respuestas que recibió.
Una desaparición forzada que puede llevar a Peña Nieto a un juicio por genocidios en tribunales internacionales, o porque carecían de información, porque en Los Pinos nunca se las dieron. De hecho, si se las hubieran compartido, pocos elementos distintos habrían tenido, porque los diagnósticos en la Presidencia carecían de calidad analítica.
Wayne como hicieron diplomáticos de otras naciones, buscó fuentes de información directas e independientes del gobierno. El embajador recurrió a los organismos de derechos humanos en Guerrero, cuya información se basa en como abogados de los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, aportan detalles sobre la investigación del crimen en que la PGR de acuerdo con extranjeros que tiene comunicación con la dependencia federal , minimizó, soslayó o, como varios descubrieron al platicar con interlocutores no gubernamentales, ocultó.
La información que proporciona el gobierno mexicano a sus contrapartes en el mundo ha sido reduccionista, y contrasta con las informaciones que difunden los medios extranjeros. No se conocen los contenidos de los cables diplomáticos enviados por Wayne al Departamento de Estado, pero por la forma como variaron en Washington sus posiciones sobre México.
Es la denuncia sistemática de organizaciones de derechos humanos en Washington por la violación de las garantías individuales en México. La conculcación de los derechos humanos lo viene arrastrando el Ejecutivo desde el presidente Felipe Calderón, pero a diferencia del anterior gobierno, donde se centra la denuncia en la guerra contra el narcotráfico, en el caso del actual la vulneración de los derechos se ha ampliado. Incluye ahora críticas sobre la ausencia de libertad de prensa, centrada en la forma como alegan en el extranjero- se ha controlado la difusión de las propiedades que le fueron facilitadas a la esposa del presidente y al secretario de Hacienda, por un constructor muy cercano a Peña Nieto, y la manera como se ha cuidado al Ejército de su probable responsabilidad en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
La información sobre México en Washington está pintada por la ausencia del Estado de derecho, y donde la aplicación de la ley es casuística. Está permeada por el freno de los inversionistas en los campos de hidrocarburos abiertos por la reforma Energética ante la falta de garantías jurídicas, y se agudiza ante la creciente inseguridad que tienen sus ciudadanos cuando van a Guerrero, Pero algo sí se sabe: como nunca antes, Peña Nieto ha sido desmenuzado, valorado y calificado. Es decir, estará políticamente desnudo en la Oficina Oval.
Por su atención, muchas gracias.