POR: LUIS RUBÉN MALDONADO ALVÍDREZ.— La política mexicana atraviesa un momento de definiciones peligrosas. Mientras el discurso oficialista de la administración de Claudia Sheinbaum se concentra en la «austeridad» y la «democratización» de las instituciones, la realidad en las calles y en los distritos electorales cuenta una historia mucho más sombría. El diputado local y vocero del PAN en Chihuahua, Jorge Soto, ha puesto el dedo en una llaga que supura: la reciente reforma electoral no es solo «irrelevante e intrascendente», sino que podría ser el acta de capitulación del Estado ante el crimen organizado.
El elefante en la habitación: El dinero sucio
Para cualquier observador imparcial, el mayor riesgo que enfrenta la democracia en México no es el costo de las boletas o el número de consejeros electorales. El verdadero peligro es el flujo de efectivo ilícito que aceita las maquinarias de campaña. Jorge Soto es tajante al calificar la reforma como una «simulación más».
¿Cómo es posible que una reforma que presume ser «integral» evite deliberadamente establecer sanciones contundentes contra la infiltración del narcotráfico en los procesos electorales? La omisión de Morena de discutir el involucramiento de estructuras delictivas en la política no es un descuido administrativo; es una decisión política con implicaciones sistémicas.
¿Socios o legisladores? La acusación que sacude al oficialismo
La crítica de Soto escala de lo técnico a lo criminal con una contundencia poco vista en la tribuna. Al acusar directamente a Morena de ser «socios del narcotráfico y de la delincuencia organizada», el legislador panista traduce el sentimiento de una parte importante de la ciudadanía que observa con estupor cómo se debilita la fiscalización mientras la violencia política aumenta.
Si la ley no contempla la pérdida de registro fulminante para partidos que se beneficien del dinero del crimen, lo que estamos presenciando es la construcción de una estructura de poder que no rinde cuentas a los ciudadanos, sino a sus financistas en las sombras. Una elección sin filtros contra el narco no es una elección; es un proceso de adjudicación de plazas.
La verdadera reforma que México exige
Desde el Partido Acción Nacional (PAN), el llamado es claro: una reforma electoral que merezca tal nombre debe recuperar el equilibrio democrático y, sobre todo, garantizar que el voto ciudadano sea libre de coacción. Jorge Soto advierte que la legitimidad de las instituciones pende de un hilo.
Una reforma con altura de miras debería incluir:
- Blindaje financiero absoluto: Trazabilidad total de cada peso que entra a una campaña, con penas de cárcel y muerte política para quienes utilicen efectivo de procedencia dudosa.
- Sanciones constitucionales: No solo multas económicas, sino la anulación inmediata de candidaturas y registros partidistas ante la mínima evidencia de vínculos delictivos.
- Autonomía real: Instituciones que no sean correas de transmisión del Ejecutivo, capaces de investigar al poder sin miedo a represalias.
El dictamen aprobado, según Soto, carece de estos elementos. En su lugar, nos entrega un esqueleto de reglas que castigan a la oposición pero abrazan la opacidad. La pregunta que queda en el aire para los chihuahuenses y para todo México es: ¿Se puede confiar en un árbitro que se niega a revisar si los jugadores traen armas bajo la camiseta? El silencio de Morena ante el crimen organizado es, en sí mismo, un mensaje ruidoso y alarmante sobre el futuro que nos espera en 2027.
