CHIHUAHUA, CHIH. — Ante una crisis de costos que amenaza con paralizar la producción de alimentos en el estado, el diputado Arturo Zubía Fernández (PAN) presentó una exigencia formal ante el Congreso local para que la CONAGUA y el Gobierno Federal implementen un apoyo retroactivo de energía eléctrica para los agricultores afectados por retrasos administrativos.
La iniciativa busca que el Programa Especial de Energía para Uso Agrícola (PEUA) deje de ser un obstáculo burocrático y se convierta en el respaldo efectivo que el campo necesita para sobrevivir a un ciclo agrícola marcado por la inflación y la sequía.
El costo del abandono: Fertilizantes y deudas por las nubes
Zubía Fernández denunció una «tormenta perfecta» que hoy golpea directamente la mesa de las familias chihuahuenses:
- Insumos disparados: Los fertilizantes han registrado un aumento del 30%, elevando los costos de producción a niveles críticos.
- Adeudos impagables: Debido a trámites pendientes en CONAGUA, cientos de productores han recibido cobros de energía eléctrica sin subsidio, acumulando deudas que ponen en riesgo la continuidad de sus siembras.
- Plazos fatales: Con el 28 de abril como fecha límite para inscribirse al PEUA, la lentitud institucional deja a los agricultores en una situación de vulnerabilidad total.
Soberanía alimentaria en riesgo
El legislador alertó sobre una cifra alarmante: este año, México se verá obligado a importar del extranjero más del 50% del maíz y cerca del 60% de los granos que consume el país. Esta dependencia, según Zubía, es consecuencia directa de la falta de incentivos a la productividad local.
«No podemos permitir que la burocracia deje a los productores sin apoyo. Producir con costos altos y menor rentabilidad termina afectando el precio de los alimentos para todos los ciudadanos», enfatizó el diputado.
Un frente unido por Chihuahua
La propuesta de Arturo Zubía no solo se limita a la exigencia federal; hace un llamado a los tres órdenes de gobierno (Federal, Estatal y los 67 municipios) para que refuercen sus programas de apoyo al campo. El objetivo es claro: reducir la presión sobre los productores para evitar que el encarecimiento de los insumos se traslade directamente al bolsillo de los consumidores.
