EN PLAN DE VUELO
¿Cómo respetar derechos humanos en época de crisis?
Ante la interrogante de que sí es posible que los países respeten y potencialicen la observancia de los derechos humanos cuando en el interior de los mismos se vive una época de crisis; la respuesta de los garantistas, sería en sentido afirmativo, más aún, difícilmente, la autoridad respondería en sentido negativo, ya que ello le acarrearía impopularidad y detrimento en las encuestas.
No obstante, las cifras no mienten y refutan de manera contundente las matizadas y embusteras respuestas que pretenden hacer creer a la ciudadanía que las conquistas sociales y los derechos humanos jamás adolecerían de algún retroceso.
Así pues, es posible organizar un festín por la premisa utópica de que el salario es intocable y que el mismo no puede verse reducido, no obstante, existen otras diversas formas de disminuirlo o mermarlo sin que dicha merma aparezca directamente en el recibo de nómina, por mencionar algunas: la devaluación de la moneda, la inflación, el aumento en los precios de los diversos bienes y servicios, en suma, la victoria del salario incólume se pulveriza ante los diversos factores ya mencionados.
Según el Informe Anual de Amnistía Internacional 2016/2017 se registra un alarmante incremento de obstáculos y restricciones a la justicia y las libertades fundamentales, así como acciones violentas y represivas en la mayoría de los países que conforman América Latina.
Según se extrae del documento apuntado supra líneas, “países como México, Venezuela, El Salvador, Honduras y Guatemala fueron algunos de los más afectados por los abusos y la impunidad ante las violaciones a los derechos humanos.”
“’El “Triángulo Norte’ de Centroamérica, formado por El Salvador, Guatemala y Honduras, era de los lugares más violentos del mundo; allí se privaba de la vida a más personas que en la mayoría de las zonas de guerra del planeta. Por otra parte, países como Brasil, Jamaica, México y Venezuela presentaban las tasas de homicidio más altas del mundo.”
El citado informe pone de relieve la situación de nuestro país, como una de las más álgidas y refiere que “la impunidad por tortura y otros malos tratos resulta casi absoluta, según el gobierno mexicano, para fines de 2016 había 29.917 personas desaparecidas (22.414 hombres y 7503 mujeres), y registra además el asesinato de 11 periodistas, y esto hablando de cifras oficiales, faltaría contrastarlas con las reales.
Recientemente, Brasil cedió al ejercito el control de Río de Janeiro para afrontar la crisis de violencia que azota en el país, el propio presidente, Michel Temer, admitió que el crimen organizado prácticamente ha tomado el control de la ciudad y considerando que Brasil ya no es aquel país próspero de Da Silva, por el contrario, se encuentra en quiebra, por lo que en primer término, para afrontar la crisis de inseguridad, el mandatario Temer no le quedó más remedio que dejar las fuerzas policiacas bajo las órdenes del ejército, siendo la primera vez que se adopta una medida tan radical, desde que se mutó de la dictadura militar a la democracia en 1988.
En el caso de Brasil, fue a través de un decreto, mismo que al parecer tendrá vigencia de un año, a diferencia de lo que acaece en nuestro país, por lo relativo a la polémica y bastante impugnada Ley de Seguridad Interior.
Por demás de evidente resulta, que un país en crisis se encuentra imposibilitado para cumplir a cabalidad con sus obligaciones de protección y respeto a los derechos humanos, en teoría, los derechos deben permanecer incólumes y potencializar su esfera de aplicación, no obstante, en época de crisis no solo escasea el trabajo, la seguridad, las oportunidades, también los derechos se desnutren.
Y entonces, ¿ qué le queda por hacer al ciudadano? ¿Agazaparse con sus congéneres y lamentarse juntos ante tal anemia derecho-humanista?, que, como sostenía de forma sagaz Zygmund Bauman en su obra » Modernidad Liquida»: La única ventaja que trae la compañía de otros con los mismos problemas es reconfirmar que otros también luchan a solas con sus dificultades y por tanto, infundir nuevos ánimos y energías a la alicaída decisión de seguir luchando»
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, a través de la Jurisprudencia con número de registro 2015304 que: “La prohibición que tienen las autoridades del Estado Mexicano de adoptar medidas regresivas no es absoluta, pues excepcionalmente éstas son admisibles si se justifican plenamente”.
Lo que implica que si una autoridad pretende desplegar alguna conducta que implique una regresión en menoscabo a un derecho humano, argumentando para justificar dicha acción u omisión, por ejemplo, la falta de recursos, dicha autoridad tendría que preparase para acreditar: “ a) la falta de recursos; b) que se demuestra que se realizaron todos los esfuerzos necesarios para obtenerlos, sin éxito; y, c) que se demuestre que se aplicó el máximo de los recursos o que los recursos de que se disponía se aplicaron a tutelar otro derecho humano (y no cualquier objetivo social), y que la importancia relativa de satisfacerlo prioritariamente, era mayor.
Si bien es cierto, copiosos son los requisitos que impone la Corte cuando se trata de restringir algún derecho humano, sin embargo, no menos cierto resulta que lamentablemente, la ciudadanía no se encuentra lo suficientemente informada sobre cuáles son sus derechos y el cómo y dónde exigir su respeto y observancia, por lo que en escasas ocasiones la ciudadanía se pone a pedirle cuentas a la autoridad o bien, rara vez le piden a la autoridad que ante alguna limitación a algún derecho humano se acredite de forma fehaciente los requisitos establecidos por nuestro máximo tribunal.
Así pues, en época de crisis (que desde que tengo uso de razón estamos en crisis), los derechos no se sirven completos, sino que se otorgan muy desnutridos.
ESCALAS
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