Después de leer el artículo «Political Influencers and Democracy in the Digital Age» del Democracy Project, la reflexión sobre la venidera reforma electoral en México es obligada, ya que se sospecha vengan cambios radicales en materia de comunicación política. Se ha visto el poder de los influencers desde aquellas publicaciones pagadas en Twitter en 2012 para la campaña de Enrique Peña Nieto hasta poderosos youtubers o tiktokers que han sido candidatos a puestos como alcaldías o diputaciones.
En Estados Unidos, los influencers de redes sociales ya no son solo celebridades digitales: se han convertido en los nuevos arquitectos de la opinión pública y la participación democrática. Sus publicaciones, que parecen cercanas y auténticas, son el canal favorito para campañas, partidos y grupos de interés que buscan llegar a los votantes de forma directa, saltándose los filtros de los medios tradicionales.
Pero este boom de los creadores políticos ocurre en un vacío legal preocupante. Ni la Comisión Federal de Elecciones de los Estados Unidos ni el Congreso estadounidense han logrado poner orden en el desmadre digital.
Atada por leyes viejas, no regula la mayoría de los contenidos pagados a influencers, y el Congreso, como siempre, se queda corto ante la complejidad de legislar el discurso en línea. Así, millones de dólares circulan en campañas opacas, algunas con fondos extranjeros, sin que nadie rinda cuentas ni se sepa quién está detrás de los mensajes.
Las plataformas como Meta y TikTok intentan poner reglas, pero sus políticas son un laberinto: TikTok prohíbe el contenido político pagado, aunque todos sabemos que se cuela por todos lados; Meta tiene tantas reglas que ni los expertos las entienden. El resultado es el mismo: falta de transparencia y evasión de las normas, lo que termina afectando a los votantes, a los creadores y, sobre todo, a la democracia.
La confianza y la autenticidad, que son el sello de los influencers, están en riesgo. Sin reglas claras, los usuarios no pueden saber si el mensaje que les llega es genuino o parte de una campaña pagada por intereses ocultos. En vez de fortalecer la democracia, la industria de la influencia política amenaza con hacerla más desigual y manipulable.
Mientras el gobierno se hace bolas y no actúa, la responsabilidad cae en las plataformas y en los propios creadores para establecer estándares de transparencia y ética. Si no lo hacen, el vacío legal seguirá siendo terreno fértil para la manipulación y la opacidad en el corazón de la democracia digital.
¿Hasta cuándo vamos a dejar que los nuevos poderes digitales jueguen con las reglas que ellos mismos inventan? La democracia merece algo mejor que likes, engagement y campañas disfrazadas de autenticidad.
Por Redacción Plan de Vuelo Compol.