CHIHUAHUA, CHIH. — En un movimiento legislativo sin precedentes que busca poner fin a la criminalización de las víctimas, la 68ª Legislatura del Congreso de Chihuahua aprobó una reforma al Código Penal para garantizar que la legítima defensa sea reconocida de forma automática cuando una mujer responda a un agresor que previamente ha ejercido violencia feminicida contra ella.
La reforma, impulsada por la diputada María Antonieta Pérez Reyes, no solo ajusta el marco penal, sino que redefine el concepto de supervivencia en un estado donde la violencia de género ha alcanzado niveles críticos.
Perspectiva de género: Un cambio en las reglas de justicia
La adición de un tercer párrafo al Artículo 28 del Código Penal establece que la valoración de las pruebas en casos de legítima defensa debe ser reforzada y con perspectiva de género, especialmente cuando el evento ocurre en contextos de relaciones abusivas o violencia doméstica.
Este cambio legal surge como respuesta a casos indignantes, como el de María Guadalupe en 2015, quien tras defenderse de un ataque armado de su pareja —quien pretendía asesinarla— fue sentenciada por homicidio debido a la falta de protocolos sensibles al género. Con esta reforma, Chihuahua busca que ninguna mujer sea encarcelada por salvar su propia vida.
Definiendo la «Violencia Feminicida»
Además del cambio penal, se modificó el Artículo 6 de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. A partir de ahora, se define legalmente la Violencia Feminicida como:
«La forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, manifestada a través de conductas de odio y discriminación que ponen en riesgo la vida o culminan en feminicidio o suicidio.»
Cifras que obligan a actuar
La urgencia de esta ley se respalda en datos contundentes:
- 70.1% de las mujeres en México han experimentado al menos un episodio de violencia en su vida.
- En 2024, los Centros de Justicia para las Mujeres atendieron a más de 638 mil víctimas en el país.
«La legislación no puede seguir fragmentada. El uso de procedimientos abreviados y la falta de protocolos uniformes han afectado desproporcionadamente a mujeres vulnerables», afirmó la diputada Pérez Reyes en tribuna, destacando que esta reforma obliga a las autoridades a dejar de ser omisas en la administración de justicia.
