CHIHUAHUA, CHIH. — El Pleno del Congreso del Estado aprobó el exhorto presentado por la diputada Elizabeth Guzmán Argueta (Morena), dirigido a la titular del Poder Ejecutivo, para que suscriba de manera inmediata el convenio de coordinación con el Gobierno Federal que permita la implementación universal de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.
Tras una intensa discusión parlamentaria y con el respaldo de organizaciones civiles, la legisladora logró que se aprobara esta propuesta, que también exige la revisión de las reglas de operación de los programas estatales de apoyo.
Déficit de cobertura en Chihuahua
Guzmán Argueta explicó que, mientras en 24 estados del país la pensión ya es universal gracias a la firma del convenio, en Chihuahua el acceso sigue restringido. Actualmente, en la entidad el beneficio se limita a personas de 0 a 29 años, dejando fuera a un amplio sector de la población con discapacidad permanente.
“La omisión administrativa del Gobierno del Estado genera un esquema de cobertura desigual y fragmentada, privando a miles de chihuahuenses de un derecho que ya es una realidad en la mayor parte del país”, enfatizó la diputada.
El programa federal: 3 mil 300 pesos bimestrales
La legisladora recordó que la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México anunció el proceso de registro para la incorporación a esta pensión del 23 al 29 de marzo de 2026.
- Monto: 3 mil 300 pesos bimestrales entregados de forma directa.
- Alcance: Diseñado para personas con discapacidad permanente de 0 a 64 años.
- Método: Pago mediante la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios.
Crítica a las reglas de operación estatales
Elizabeth Guzmán abundó en la necesidad de adecuar el programa estatal 1S047A1, señalando que sus reglas actuales carecen de certeza y suficiencia. Subrayó que, al depender de un estudio socioeconómico, el monto del apoyo no es uniforme ni está garantizado, lo que introduce una discrecionalidad administrativa contraria a la seguridad jurídica.
“La existencia de programas locales discretos no exime al Estado de su obligación de garantizar derechos reconocidos a nivel constitucional. Seguiremos de cerca que haya certeza presupuestal para mejorar la vida de este sector”, concluyó.