En un contexto de creciente preocupación por la salud mental y la seguridad digital de los más jóvenes, el Gobierno de España ha intensificado su discurso a favor de restringir, por ley, el acceso de los menores a las redes sociales. Sin embargo, voces expertas en regulación y libertad de expresión, como la de Joan Barata (miembro del Center for Law, Democracy and Society de la Queen Mary University de Londres), advierten que estas medidas podrían ser más un ejercicio de «propaganda política» que una solución técnica efectiva al complejo ecosistema digital.
El choque con el marco europeo
Uno de los puntos críticos señalados por Barata es el encaje legal de una prohibición unilateral. La Unión Europea ya cuenta con la Ley de Servicios Digitales (DSA), un compendio normativo aprobado en 2022 que busca armonizar las reglas del juego para las grandes plataformas.
El intento del Ejecutivo español de imponer restricciones directas genera dudas razonables en Bruselas. Según el autor, no consta que se haya consultado formalmente si una medida de este calado se ajusta al derecho comunitario vigente, lo que podría derivar en conflictos jurisdiccionales y una fragmentación del mercado digital europeo.
Las grietas de la prohibición
El análisis destaca que prohibir el acceso «por decreto» ignora varias realidades técnicas y sociales:
- La brecha de privacidad: Implementar sistemas de verificación de edad robustos pone en riesgo los datos personales tanto de menores como de adultos.
- Zonas grises: La norma suele centrarse en redes sociales, pero ignora entornos a menudo más opacos y peligrosos, como los videojuegos online o la mensajería instantánea.
- Derechos fundamentales: Barata insiste en que los menores son «sujetos activos, titulares de derechos». Una anulación total de su capacidad de acceso a la información y participación política digital podría ser desproporcionada.
Educación vs. Aislamiento
Frente a la «solución fácil» de la censura, el artículo propone una aproximación granular. Esto implica que las plataformas evalúen riesgos específicos según la edad y madurez del usuario, aplicando medidas personalizadas en lugar de un bloqueo total.
La clave, según el experto, reside en la alfabetización digital y algorítmica. «El freno a la desinformación no vendrá derivado de la imposición de censuras», afirma Barata. La resiliencia de las futuras generaciones depende de su capacidad para:
- Entender los sesgos y emociones que despierta la información.
- Proteger su propia huella digital y datos personales.
- Gestionar de forma saludable la dependencia de la validación social (los conocidos likes).
Conclusión: Hacia una ciudadanía digital
El debate planteado en Agenda Pública invita a huir de respuestas inmediatas y simplistas para abordar problemas tecnológicos profundos. La formación de «jóvenes internautas» responsables parece ser el único camino sostenible para habitar un mundo inevitablemente interconectado. En palabras del autor, es hora de tratar a los menores como ciudadanos en formación y no simplemente como sujetos pasivos sobre los que decidir sin apenas contar con ellos.
Fuente original: Barata, J. (2026). «Por qué prohibir el acceso a redes a menores es criticable y posibles alternativas». Agenda Pública.