CHIHUAHUA, CHIH. — En un paso decisivo hacia la erradicación de la violencia de género y familiar, el Pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad la reforma impulsada por la diputada Joss Vega (PAN), la cual eleva drásticamente las sanciones para quienes desobedezcan las órdenes de protección dictadas por la autoridad.
Con esta modificación al Código Penal, las medidas de protección dejan de ser simples advertencias para convertirse en un mandato judicial cuyo incumplimiento ahora conlleva penas de prisión significativamente más altas y multas económicas severas.
Justicia con dientes: Las claves de la reforma
La iniciativa aprobada adiciona un segundo párrafo al artículo 278 del Código Penal del Estado, estableciendo un castigo ejemplar:
- Incremento de la Pena: La sanción por desobediencia se elevará en dos terceras partes cuando el infractor ignore una orden de protección.
- Sanción Económica: Se impondrán multas que van desde los 200 hasta los 1,000 días multa, golpeando directamente la capacidad operativa del agresor.
- Protección Ampliada: Aunque el enfoque prioritario es la seguridad de las mujeres, la reforma extiende su manto protector a niñas, niños, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad.
Respuesta a una realidad alarmante
La diputada Joss Vega sustentó esta reforma en la urgente necesidad de frenar las cifras de violencia en la entidad. Con más de 18,500 denuncias por violencia familiar registradas recientemente y un alto índice de mujeres que han sufrido algún tipo de agresión en el estado, la efectividad de las órdenes de protección era, hasta hoy, una materia pendiente.
«Una orden de protección debe servir para cuidar la vida y la seguridad de la víctima. Quien la incumpla debe enfrentar consecuencias claras y contundentes», enfatizó Joss Vega durante la sesión.
Sin costo al erario, máximo impacto social
A diferencia de otras iniciativas, esta reforma destaca por su eficiencia administrativa: no requiere la creación de nuevas dependencias ni implica un presupuesto adicional. Se trata de un fortalecimiento de la técnica legal existente para cerrar la puerta a la impunidad. El decreto entrará en vigor de manera inmediata tras su publicación en el Periódico Oficial del Estado, brindando una herramienta vital para las autoridades de procuración de justicia.
