Ya ha pasado un mes desde que se realizaron las desapariciones forzadas de 43 estudiantes en Ayotzinapa, la esperanza a nivel nacional está muy desgastada. Con la información no oficial que ha circulado las últimas semanas algunos esperan lo peor. Y lo peor no es solo sería la confirmación de la lamentable muerte de los estudiantes, sino además que los responsables de ordenar su desaparición -el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, su esposa María de los Ángeles Pineda y el secretario de seguridad pública, Felipe Flores Velázquez- queden sin pagar este crimen.
La Procuraduría General de la República ya tiene más de dos semanas que se ha hecho responsable de integrar la investigación, esta hubiera sido una oportunidad importante para demostrarnos que saben hacer su trabajo, y que las cosas han cambiado de un sexenio a otro, pero solo hemos confirmado que la autoridad actúa en conveniencia personal y no colectiva, pueden detener a grandes capos que tienen una organización criminal enorme dispersa en toda la República y mejor armamento que el ejército nacional, sin necesidad de disparar una sola bala, pero no pueden decirnos dónde están 43 personas que según los reportes no pudieron haber salido del municipio.
Ante la consecución de unas cortinas de humo para cubrir otras y la politización de estos eventos, se escuchan voces que nos ponen a pensar. Alejandro Solalinde, que es sacerdote y Premio Nacional de Derechos Humanos 2012 por su trabajo en defensa de los migrantes, ha declarado que por medio de declaraciones de testigos sabe que los estudiantes están muertos y que fueron ultimados por la policía y los narcotraficantes de aquella zona. La pregunta que nos surge es ¿cómo puede ser posible que un sacerdote de 69 años sepa esta información y la autoridad no? Después de que Solalionde rindiera declaración en la PGR, el Procurador Jesús Murillo Karam ha dicho las investigaciones coinciden en un 80%, no ha dicho si en ese 80% va la aceptación de la muerte de los 43 desparecidos.
Sorprende muchísimo que a nadie se le haya ocurrido vigilar al alcalde de Iguala que actualmente se encuentra prófugo, pero no nos hagamos muchas esperanzas, si no se ha podido encontrar a 43 personas que no son nada fáciles de esconder y que se cree que no pueden cambiar de ubicación, sería un acto de magia que se diera con el paradero de este criminal que cuanta con toda una mafia a su disposición y las primeras dos semanas de ventaja para huir a donde quiera.
Estos lamentables hechos, han despertado un sentimiento social muy difícil de describir, lo que eran solo sospechas de que algunas autoridades estaban involucradas con el crimen organizado, se ha confirmado y nos sigue inquietando la pregunta ¿cuántos más estarán así? Pero los mexicanos habíamos podido vivir con esa sospecha, lo que marca la diferencia es que una vez más y a pesar de nuestra mala memoria, se han metido con estudiantes, la fuerza motriz de México. Que contradictorio es que en 2011 –y hasta la fecha- se celebró la reforma al artículo primero constitucional, integrando los Derechos Humanos y adornando con palabras muy técnicas y discursos conmovedores, pero estas palabras y discursos han demostrado ser inservibles. Para que queremos que los tratados internacionales nos reconozcan el derecho a la libre expresión, si cuando manifestamos las ideas y exigimos respuestas por parte de las autoridades nos desaparecen.
Esta masacre ha generado en los mexicanos, y especialmente en los estudiantes algo poco antes visto, los actos de represión no nos han causado miedo sino todo lo contrario, en las aulas de las universidades cada vez más se fomenta por los mismos estudiantes la participación y la inclusión en la sociedad para exigir que el Estado haga su parte, que deje de mentir y de engañar.
En México no tenemos funcionarios por que esa sea la moda internacional, el verdadero objetivo del Estado es satisfacer las necesidades de las personas a nivel individual y colectivo, renunciamos a muchas libertades para que el
Estado funja como intermediario y lo haga de manera justa, por eso no tomamos venganza por nuestra propia mano, sino que dejamos que esa labor la realicen instituciones especializadas, pero si estas no hacen su trabajo y no solo eso, sino que son los verdugos de los altos funcionarios corruptos, algo no está bien.
Seguir en silencio solo agrava más la situación, porque eso significa que también como sociedad estamos fallando, la solidaridad que pudiéramos tener con las familias de los estudiantes de Iguala no la vamos a demostrar enviando un Twit ofensivo a algún funcionario de gobierno, más bien actuando como verdaderos ciudadanos, con respeto a las leyes. No necesitamos enfrentarnos a una situación parecida a la de los 43 normalistas para alzar la voz y demostrar compromiso con la nación, pues si contribuimos a que la corrupción se infiltre hasta en la oficina de menor grado del municipio más alejado, estamos fomentamos la cultura de la ilegalidad, que es el origen de todos los crímenes que actualmente laceran nuestra sociedad.
@eduardorivas