Por Fabiola Lara García
Por Fabiola Lara García

En el año de 2013 una mujer solicito al Centro Médico Nacional Hospital 20 de Noviembre del  Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ubicado en la Ciudad de México, que le practicaran un aborto dado que, en aquel entonces, ella contaba con 41 años de edad y padecía varias enfermedades; por lo que su embarazo era considerado que ponía altamente en peligro su vida.

Asimismo, el producto fue diagnosticado con síndrome de Klienfelter, el cual obstaculiza el desarrollo de los genitales en la pubertad. La negativa del citado nosocomio federal se fundó en que el Código Penal Federal no permitía el aborto en la circunstancia propia de dicha mujer.

La mujer, se vio en la necesidad de acudir a una clínica privada donde, con 17 semanas de gestación, le practicaron el aborto solicitado sin consecuencias legales en su perjuicio.

Sin embargo, promovió juicio de amparo contra la negativa del ISSSTE solicitando se declarara inconstitucionales los artículos 333 y 334 del Código Penal Federal ya que criminalizan a las mujeres al negarles el derecho al aborto legal cuando su salud corre peligro.

Este asunto llega hasta nuestro máximo tribunal, y en el proyecto que elabora el ministro Zaldívar Lelo de Larrea, quien estaba a favor de la declaratoria de inconstitucionalidad de estos preceptos legales por considerarlos estigmatizantes e inhibitorios  de los derechos sexuales y reproductivos, además de que deja ver que la salud de las mujeres tiene menos valía que el producto en gestación.

Sobre el pronunciamiento de los ministros integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,  quienes por el momento decidieron pasar el asunto a otro ministro para que elabore otro proyecto, tal vez mas convincente que el de Zaldívar,

Actualmente en 24 estados de nuestro país el aborto es permitido, si el embarazo representa un peligro para la madre y sólo en 14 se permite, si hay malformaciones congénitas. Para el resto de las diversas situaciones que pueden presentarse, el aborto es considerado un crimen.

Si bien es cierto, este polémico tema la mayoría de las ocasiones se aborda desde la perspectiva de los derechos en colisión, que lo son el de el feto, que implica el derecho a la vida y el derecho reproductivo de la madre; en ciertas ocasiones, cuando se pone el peligro la vida de la madre se privilegia la de ésta.

Sin embargo, me gustaría que reflexionáramos un poco: si bien es cierto, muchas mujeres son bastante irresponsables respecto sus derechos reproductivos y a la hora de responsabilizarse de sus acciones apelan a las “femichairas” con el afán de obtener sólo libertades sin ninguna consecuencia; no obstante también es cierto que nadie esta obligado a lo imposible.

Muerte también, para mi humilde perspectiva es, traer un hijo al mundo para que sienta el desprecio de quien debería desvivirse por él. Muerte también, es dejar a tu niño en manos desconocidas quienes pueden perpetrarle cualquier clase de abominables vejaciones sexuales.

Me declaro verdaderamente incompetente para determinar que es peor: evitar que la madre que abiertamente manifiesta su repudio a traer un hijo al mundo o evitar que ese niño mal querido sea abusado o dejado más adelante en un tambo de basura.

La ley puede obligar a una progenitora a dar a luz al hijo, mas no puede constreñirla a velar por integridad y desarrollo pleno y feliz, al cual por cierto también tiene derecho.  

Si pudieran asegurar todas aquellas instituciones extremistas, que se rasgan las vestiduras contra el aborto en todas sus modalidades; que todos absolutamente todos esos fetos, quienes con esa férrea convicción su vida pelean, jamás serán abusados sexualmente o convertidos en seres criminales producto del desamor y demás escarnios de sus padres. Que sigan con su lucha, lamentablemente sabemos que ello no es posible, entonces, ¿quién será el verdadero criminal?

¿Aquel que aborta o aquel que permite que un niño sea violado durante toda su infancia?

Estas organizaciones deberían velar por endurecer penas relativas a los delitos a la omisión de cuidados que comenten madres y padres. De eso nadie habla, ni grita y mucho menos se manifiesta.

 

Usted, ¿qué opina?

 

ESCALAS

1.    Lamentable la actuación de la dirección de transporte por criminalizar y actuar fuera de la ley contra choferes del servicio Uber, quienes están ejerciendo un empleo digno y lícito. Hay que ver la paja en el ojo propio.

2.    Lamentable que el Vivebús haya dado marcha atrás.

 

¿Comentarios? Escríbame a: fabiola@plandevuelo.mx

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