Ciudad de México.- Se calcula que los servicios de salud reproductiva se han reducido en un 50 por cierto en la mayor parte de los países de América Latina, debido a la priorización de la atención del COVID-19 en los establecimientos de salud, esto traería como consecuencia un aumento en la mortalidad materna de niñas cuyos embarazos son productos de una violación.
Este dato se dio a conocer como parte de la presentación este 4 de noviembre de la campaña “Protegerlas ya. Por el derecho a seguir creciendo”, que impulsó el Consorcio Latinoamericano contra el aborto inseguro (CLACAI), la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG) y la International Planned Parenthood Federation Western Henisphere Region (IPPFWHR).
Como parte de este campaña, las organizaciones presentaron el documento “Lineamientos para diseño de protocolo de atención de niñas y adolescentes menores de 15 años con embarazo no intencional”, el cual se espera sea retomado y adaptado a nivel nacional y local para brindar una atención integral, que incluya atención a la salud emocional, de niñas menores de 15 años que presenten embarazos.
De acuerdo con la Secretaria Ejecutiva de CLACAI, Susana Chávez, actualmente sólo Argentina y Colombia tienen protocolos de atención específicos para atención de niñas embarazadas menores de 15 años de edad; el resto de los países latinoamericanos sólo hay protocolos para aborto no punible en general, no para niñas.
Por su parte, el médico ginecobstetra y epidemiólogo del IPPFWHR, Pio Iván Gómez, dijo que no basta con que el protocolo o los lineamientos se adopten, sino que se debe aplicar desde una perspectiva científica, objetiva y libre de credos. El embarazo en una niña, dijo el médico, tendrá un impacto en la oportunidad de educarse o de trabajar, además de que tiene altas posibilidades de morir durante el parto.
México ocupa el primer lugar de embarazos infantiles en el mundo; Estado de México, Chiapas y Veracruz, son las entidades que están a la cabeza. El número de nacimientos en niñas de entre 10 a 14 años ha incrementado progresivamente desde 2003, sólo en 2017 se registraron 11 mil 744 casos; gran parte de estos embarazos son resultados de violencia sexual cometida por integrantes de la familia, en 46 por ciento de los casos se reportó que el hombre tenía entre 18 y 68 años.
De acuerdo con datos contenidos en los Lineamientos, en América Latina la tasa de fecundidad en la adolescencia es la segunda más alta del mundo, solo superada por la de África subsahariana.
La tasa estimada de fecundidad en adolescentes de la región fue de 6.,6 nacidos vivos por mil adolescentes de 15 a 19 años en el período 2010-2015; un 40 por ciento más alta que la tasa mundial y casi 4 veces más alta que la de las regiones más desarrolladas. “Somos la única región del mundo con tendencia ascendente de embarazos de menores de 15 años. La mayor parte de esos embarazos son consecuencia de una situación de abuso en el interior del propio hogar”, dice el informe.
A estos datos se suma que la proporción de los nacimientos de madres adolescentes aumentó significativamente respecto del número total de nacimientos: actualmente, un 15 por ciento de los nacimientos vivos en América Latina y el Caribe son de mujeres menores de 20 años.
Esto es grave porque el embarazo en niñas aumenta la probabilidad de tener hemorragia posparto, infecciones uterinas, parto pre-término, y uno o una recién nacida de bajo peso o con menor desarrollo para la edad gestacional; mayor probabilidad de que el o la recién nacida tenga condiciones neonatales severas.
Estos riesgos son más elevados en las niñas y adolescentes menores de 15 años, ya que entre ellas hay una probabilidad cuatro veces mayor de mortalidad materna y de endometritis puerperal; mayor riesgo de muerte neonatal —dentro de los 27 días posteriores al parto—; más de 40 por ciento de probabilidades de anemia materna, y 60 por ciento más de eclampsia —no de manera significativa— y de hemorragia postparto, en comparación con mujeres de entre 20 a 24 años.