Por Luis Arnoldo Loya A.
Intentemos dejar a un lado el ajetreo mediático que ha surgido de la idea de la obsolescencia del pacto fiscal.
Es natural, que al paso del tiempo, las necesidades económicas de los Estados sean diferentes, lo cual hace pertinente que se ahonde en revisiones y replanteamientos de dicho pacto.
En tiempos actuales, las circunstancias nos presentan un clima de tensión entre la federación y los estados, al presentarse una doctrina de centralización en los servicios públicos; disminución de los recursos que se transfieren a los gobiernos locales y las consecuencias derivadas de atender la pandemia de Covid-19.
Las propuestas no deben de encausarse hacia una nueva reasignación de recursos. Se debe encontrar un enfoque integral donde se abarquen las potestades tributarias; sino también las potestades presupuestarias de los tres niveles de gobierno.
Pero el discurso tomado por ciertos actores, ha omitido que es una necesidad real tomar en cuenta el actuar ciudadano en el rediseño del federalismo fiscal; la exclusión de estos actores llevara a un resultado fallido donde no se escucha a las verdaderas necesidades de los ciudadanos en su correspondiente delimitación territorial.
Ahora, hay que entender que estamos en tiempos económicos atípicos, donde los gobiernos estatales y municipales han actuado con el límite de sus posibilidades actuales; contenidos por la Ley de Coordinación Fiscal que reduce sus ingresos por concepto de participaciones, acentuándose más, por un corte centralista a nivel federal.
Sería conveniente acentuar reglas que permitan atender las demandas sociales desde los terrenos locales.
Pero, ¿Qué acciones serán necesarias para lograr un mejor pacto fiscal?
Se debe de trabajar con un diálogo fundamentado, estructurado, directo y tenaz, para lograr expresar y atender las verdaderas necesidades de la población.
Esclarecer y transparentar las responsabilidades de cada orden de gobierno.
Mayor autonomía a los gobiernos estatales en el uso de los recursos federales en conjunto a una flexibilización para los Estados en la definición de planes y programas sin requerir autorización de la federación.
Brindarle fortaleza al desarrollo de fuentes de ingreso municipales, hablando de impuesto predial con una promoción de la actualización de los sistemas catastrales oportuna y regular; fomentar el uso de derechos para financiar el gasto.
Claro que también hay propuestas que me atrevería a decir que se presentarían como “no negociables” para la federación, sin embargo, son propuestas dignas de comentar. Tales como, permitir que los estados establezcan tasas impositivas sobre bebidas alcohólicas, tabacos, gasolina y diésel, de manera compensatoria a los impuestos federales aplicados a estos conceptos; un impuesto a la venta de bienes y servicios al consumidor final con una reducción proporcional y compensatoria de las participaciones federales; y transferir a los estados el impuesto sobre automóviles nuevos.
Y también propuestas que sería de un agrado mínimo o nulo. Como rescatar a gobiernos estatales y municipales con exceso de deuda o que demuestren actos irresponsables en materia fiscal.
Como podemos ver, una renegociación del pacto fiscal federal debe de abordarse más allá de una temática publicitaria en materia política. Debe de llevar un proceso meticuloso de discusión, planeación, organización, aplicación y vigilancia con un enfoque ciudadano. Profesionalizar a las instituciones encargadas de la administración y fiscalización de los recursos.
Es cuantioso lo que hay que reformar en nuestro país.
Es claro que existen abusos por parte de actores que justifican el hartazgo ciudadano.
Pero, concentrar el poder parece que no nos lleva a lograr los objetivos esperados como nación.